Imputan a Lizárraga por el traslado de armas no letales
El Ministerio Público pide activar su captura a nivel nacional e internacional.
Jorge Quispe / La Paz
La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga fue imputada ayer por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación, uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes dentro de la investigación por el traslado de armamento no letal desde Ecuador a Bolivia durante la crisis social de 2019.
“La comisión de fiscales ha dispuesto ampliar la imputación formal en contra de Roxana Lizárraga Vera”, anunció ayer el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe. En noviembre de 2020 se presentó una denuncia contra la exministra, que se encuentra fuera del país, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.
Equipo antimotín
Quispe explicó que se pudo identificar que el 15 de noviembre de 2019, Lizárraga se reunió con los entonces ministros Arturo Murillo y Fernando López además de la expresidenta Jeanine Añez en el Palacio de Gobierno.
“(Lizárraga) hubiera tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador con el que habría acordado que ese país pueda facilitar armamento, es decir equipos antimotín, gases y demás explosivos e internarlos a nuestro país de manera irregular”, complementó el secretario general en Sucre.
Según la investigación de la Fiscalía, los agentes químicos que solicitó Lizárraga a Ecuador y que ingresaron a Bolivia consistían en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El pasado 25 de febrero, Lizárraga fue citada mediante un edicto, no obstante la exautoridad no asistió, por ello el Ministerio Público tramitó la declaratoria de rebeldía, por lo que ahora se activó su captura a nivel nacional e internacional.
“Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, aseguró Quispe.
La imputación formal fue emitida al juez décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, a quien solicitaron la detención preventiva de Lizárraga durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) en La Paz.
En una entrevista concedida a Página Siete el 12 de febrero, Lizárraga sostuvo que en 2019, los exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez y el entonces senador Óscar Ortiz pactaron con el Movimiento Al Socialismo la inamovilidad del fiscal general, Juan Lanchipa, y agregó que ordenaron el salvoconducto para que Luis Arce salga México.