En entrevistas concedidas a medios internacionales,el viceministro Justiniano explicó que la cooperación con la DEA ya está en marcha, aunque el marco formal aún se encuentra en etapa de definición
En entrevistas concedidas a Associated Press (AP) y reportes publicados por The Washington Post, la autoridad explicó que la cooperación ya está en marcha, aunque el marco formal aún se encuentra en etapa de definición. “Estamos recibiendo algunos apoyos, por ejemplo, en capacitación y soporte, pero todavía hay que terminar de darle forma a cómo vamos a trabajar”, afirmó.
Justiniano precisó que los aspectos finales del acuerdo están siendo trabajados por la Cancillería boliviana, pero subrayó que existe una decisión política clara de avanzar en esta línea. “La decisión política está tomada”, remarcó, en un contexto marcado por el restablecimiento gradual del diálogo bilateral entre ambos países.
“La DEA no tiene presencia operativa en Bolivia desde 2008, pero existe coordinación en inteligencia y cooperación diplomática. El intercambio de información es parte de un proceso de aproximación técnica orientado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado”, señaló la autoridad en un boletín del Ministerio de Gobierno.
Justiniano descartó de manera enfática la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. No obstante, dejó abierta la posibilidad de realizar operativos conjuntos con agencias internacionales. “No va a haber bases, pero sí tenemos que hacer operativos conjuntos. Si podemos hacerlo con norteamericanos, brasileños, paraguayos o argentinos, bienvenido”, sostuvo.
Asimismo, destacó que la política antidrogas no se limita a la relación con la DEA, sino que involucra a organismos multilaterales y socios técnicos de la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades investigativas y operativas del país frente a estructuras criminales cada vez más complejas.
El retorno operativo de la DEA, expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales bajo acusaciones de injerencia política, se perfila ahora como parte de un proceso más amplio de recomposición de la confianza bilateral. Según Justiniano, el objetivo es reducir el impacto del narcotráfico en la seguridad y la convivencia ciudadana, sin comprometer la soberanía del Estado boliviano.