Gobierno apunta al Hospital de Clínicas por el alta médica de Apaza y la Fiscalía pide ampliar su encarcelamiento
Familiares denunciaron que médicos del Gobierno presionaron para que sea trasladado nuevamente a Chonchocoro.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló a los médicos del Hospital de Clínicas como los responsables de emitir el alta médica del dirigente cocalero César Apaza, quien aún tiene medio cuerpo paralizado por el ataque de embolia que sufrió el 15 de febrero.
Limpias negó las acusaciones de la familia del cocalero, que apuntan a la médica del penal de Chonchocoro, Paola Gareca, y a otros funcionarios del Ministerio de Salud y Gobierno, por presionar a los galenos del Hospital de Clínicas, para que emitan el alta para el traslado de Apaza nuevamente al penal de Chonchocoro. Pero en medio de los reclamos de los familiares y la defensa, este jueves la abogada Evelin Cossío informó que el fiscal Vladimir Bolívar solicitó al juez que amplíe su encarcelamiento por otros cuatro meses.
“Creemos que todo esto estaba totalmente armado por las autoridades. Para empezar, el fiscal (Vladimir Bolívar) hasta la fecha no ha tenido el menor interés de emitir los requerimientos que la defensa de César Apaza ha realizado para que avance la investigación. Al contrario, se ha presentado la solicitud de ampliación de la detención preventiva de César Apaza, por otros cuatro meses, sin tener reparo en su estado de salud”, denunció la abogada Cossio.
Por su lado, Limpias declaró este jueves en puertas de Chonchocoro que el miércoles a las 18:00 fueron informados de que luego de una junta médica en el Hospital Clínicas, se les informó que daban de alta al cocalero, pese a que tiene medio cuerpo paralizado y aún usa pañales, debido a que no puede movilizarse por sus propios medios. Inmediatamente, con un vehículo de Bomberos y dirigidos por Gareca, se procedió al traslado de Apaza nuevamente al penal.
Miriam Apaza, hermana del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adecoca), aseguró que su familia nunca fue informada de la supuesta junta médica, ni de la orden de traslado. Contó que su familiar no puede caminar y que todo fue tan repentino que sus custodios no llevaron los medicamentos que recibía en el hospital, “incluso estaba con sedantes, ningún remedio se ha llevado para mi hermano”, protestó la hermana.
Espera que Régimen Penitenciario les muestre los equipos de fisioterapia y el personal especializado que debe tener su hermano para tratar de recuperar la movilidad de su brazo y pierna derecha, además de una parte de su rostro que también está afectada. El cocalero tiene una esposa y un hijo menor de un año, a quienes logró ver durante su internación pero que ayer fueron amedrentados cuando se reclamó por el abuso.
“Está estable y fue trasladado a un sector donde cuenta con asistencia médica, en el centro penitenciario, sin embargo el día de hoy el privado de libertad nos ha manifestado que quiere regresar a su celda, donde tiene un compañero. Obviamente, esto está en consulta con su familia, que tendrá la posibilidad de visitarlo aun cuando no sea día de visita”, señaló Limpias.
Videos del momento del traslado de Apaza muestran cómo, ayer a las 18:10 un grupo de policías, incluso una trepada sobre la cama del cocalero, lo aseguran con correas sobre una camilla, sin que el dirigente pueda oponerse o pedir un mejor trato. Por varios minutos, ante la mirada impotente de su esposa, su hermana y visitantes eventuales que le dieron palabras de aliento, los uniformados maniataron su cuerpo para subirlo en una ambulancia.
“Faltaban 10 sesiones (de fisioterapia) para que al menos se logre mover solo”, dijo una de las familiares en una de las grabaciones. “Pide a Dios, el señor es grande, él te va a hacer justicia. No vas a llorar en vano, esta mujer también tiene sus hijos, van a pagar igualito”, exclamó otra mujer que responsabilizaba a la médica Gareca por el trato inhumano que recibía el cocalero.
La hermana del cocalero Apaza afirmó que los médicos del Hospital de Clínicas no les informaron de la orden de alta, ni les entregaron los resultados de los exámenes de imagenología que se le tomaron hace más de dos semanas. La Defensoría del Pueblo emitió comunicados en los que afirma que hace seguimiento del caso de Apaza, pero los tampoco se brindó información a la familia.
Procesos contra cocaleros
Apaza está imputado por 12 delitos en relación a la quema del mercado ilegal de coca que se abrió con apoyo del Gobierno en Villa El Carmen, el que es administrado por el dirigente del MAS, Arnold Alanez. El pedido de ampliación de la detención preventiva hecha por el fiscal Bolívar, también es para otros dos dirigentes, entre ellos el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, recluido en el penal de San Pedro, desde septiembre de 2022.
En este proceso, hay 18 dirigentes cocaleros investigados, tres de la directiva de Adepcoca encarcelados y el resto buscado con órdenes de aprehensión. Sin embargo, la Fiscalía no procesa a ningún militante del MAS, del lado de Alanes, cuyos seguidores arrojaron bombas molotov desde el balcón del mercado ilegal, donde se hallaron armas, morteros artesanales y gran cantidad de dinamita, usados en el enfrentamiento del 8 de septiembre de 2022.
La abogada señaló que el argumento del fiscal Bolívar es que, al ser una investigación compleja necesita más tiempo y por eso pide que Apaza, Machicado y los otros imputados continúen detenidos. Cossio remarcó que ese es un argumento falso, debido a que el fiscal se niega a pedir información sugerida por la defensa, para probar la inocencia de los cocaleros.
Pese de que los ministros de Desarrollo y Tierras, Remmy Gonzales y el de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reconocieron que el mercado de Alanez es ilegal, el mismo, con una mínima concurrencia, fue reabierto y funciona sin sanciones de la Alcaldía de La Paz o la Fiscalía.