Tras la reunión de gobernadores realizada este 24 de septiembre en Santa Cruz, las autoridades departamentales del país se declararon en estado de alerta y otorgaron al Gobierno central un plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para responder a un conjunto de demandas vinculadas principalmente al suministro de diésel y a la redistribución de recursos bajo el esquema 50-50.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, señaló el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, encargado de dar lectura a las conclusiones del encuentro.
En el documento, las autoridades departamentales reiteraron su pedido para que, en el Presupuesto General del Estado 2027, se avance hacia un esquema de coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos departamentales, sin afectar los recursos destinados a universidades públicas ni a los gobiernos municipales.
“Necesitamos que el 50-50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, remarcó Velasco en conferencia de prensa.
Otro de los puntos centrales del encuentro estuvo relacionado con el impacto del incremento del precio del diésel en la gestión presupuestaria de las gobernaciones. Según explicaron, los presupuestos de la gestión 2026 fueron elaborados con un precio referencial de 6,73 bolivianos por litro, por lo que el posterior ajuste establecido mediante el Decreto Supremo 5716 habría generado costos adicionales no previstos.
En ese marco, los gobernadores exigieron la implementación de mecanismos de compensación, ajustes presupuestarios y garantías de provisión de combustible. Velasco sostuvo que se demanda al Gobierno “formalizar mediante instrumento normativo concertado con los gobiernos autónomos departamentales en apoyo anunciado a la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas como fuente de financiamiento montos y plazos definidos”.
Asimismo, solicitaron “disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular, el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”.
También plantearon “autorizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con carácter excepcional las modificaciones presupuestarias designadas entre partidas y fuentes de financiamiento (…) necesarias para cubrir el mayor gasto en combustibles sin que dicho gasto se compute en los límites de funcionamiento de la Gobernación”.
Entre otras demandas, los gobiernos departamentales solicitaron además la emisión de una norma que los libere de la obligación de financiar la entrega de títulos de bachiller.
La declaración conjunta fue suscrita por los gobernadores de Chuquisaca, Luis Ayllón; Tarija, María René Soruco; La Paz, Luis Revilla; Oruro, Jhonny Vedia; y Cochabamba, Leonardo Loza.