La agencia del Banco Fassil, en El Prado es intervenida y la Policía resguarda el lugar, en La Paz. APG

La defensa de Lucy Raquel Miranda afirmó que en este caso, “la Fiscalía actuó como mono con cuchillo”, apuntó al exdirector de la UPRE, Alexis Mercado, y señalan que hubo “una mala intención en la transcripción de su declaración”.

La exintegrante de la Comisión de Calificación, Lucy Raquel Miranda, declaró ante la Fiscalía que, en septiembre de 2019, 14 proyectos robados en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) fueron adjudicados en 48 horas a empresas constructoras que no realizaron la pre inversión por “instrucción verbal” del entonces presidente Evo Morales, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el exdirector de esa entidad, Alexis Mercado Condori.

El 3 de abril, durante la declaración informativa por este caso, el fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, y el investigador Policial, Leonardo Coronel, preguntaron a la exfuncionaria de la UPRE, Lucy Miranda, “¿por qué se adjudicaron los 14 proyectos de pre inversión a diseño final, de (escuelas en) Cochabamba en 2019, en menos de 48 horas?”.

La exfuncionaria, asesorada por su abogada, Rita Marisol Miranda Tapia, respondió: “Era por instrucción verbal del presidente de ese entonces, señor Evo Morales, del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el arquitecto Alexis Mercado, director de la UPRE de esa gestión, puesto que se tenía previsto un evento público de firmas de contratos en el departamento de Cochabamba, en septiembre de 2019”, figura en la declaración a la que Página Siete tuvo acceso.

Miranda dijo que no recordaba cuántos días se demoraba la Comisión de Evaluación, en promedio, para revisar los proyectos que se les presentaba con el fin de aprobarlos para la adjudicación, pero señaló que ese dato figura en el reglamento. Precisó que dejó de trabajar en la UPRE en 2021.

El “Reglamento específico para la contratación directa de obras, bienes y servicios de la UPRE” de 2019, citado en la imputación de la Fiscalía, estipula un plazo de cinco días para dichas revisiones. Pese a ello, la exfuncionaria recalcó que el expresidente Morales era quien, de forma irregular, definía el tiempo de ese procedimiento.

Nueva defensa

Luego de la audiencia cautelar, en la que el juez anticorrupción, Helmer Laura ordenó la detención preventiva de Lucy Miranda, su defensa fue asumida por Raúl Salas, quien en entrevista con Página Siete señaló que hubo un mal asesoramiento inicial hacia su defendida. Criticó la labor del fiscal Bolívar y señaló que la declaración de Miranda, en relación al expresidente Morales y el ministro Quintana fue mal interpretada, por lo que solicitaría una declaración ampliatoria para aclarar esos puntos.

“Ante la denuncia del señor Aranibar, sin un análisis objetivo, sin un informe de auditoría se abrió un proceso por un supuesto daño lesivo al Estado. Disculpe el término, pero la Fiscalía ha actuado como un mono con navaja, esa es la verdad, y el daño colateral es la detención de dos técnicos. (Sobre la declaración en la que cita a Morales y Quintana) considero que hubo una mala intención en la transcripción de su respuesta, cuando la señora Miranda declaró. Por los nervios, no supo explicar que esa instrucción (de adjudicar los contratos) la dio el señor Alexis Mercado”, afirmó Salas.

Antecedentes

La denuncia por el supuesto robo de 14 proyectos en la UPRE, cometido en la gestión 2019, fue presentada por el ingeniero civil Hugo Aranibar. El caso se abrió en noviembre de 2021, inicialmente contra seis funcionarios de la UPRE, el exdirector Ejecutivo, Alexis Mercado Condori; los técnicos y miembros de la Comisión de Evaluación: Lucy Miranda, Luis Alejandro Miranda Baya, Álvaro Freddy Pérez López, Oscar Manuel Paiva Ancalle y Edgar Iván Pacheco Gómez.

Posteriormente, la investigación se amplió contra los 14 representantes legales de las constructoras que, por invitación directa se adjudicaron los contratos. Dos de esas empresas corresponden a Irma Ballesteros, esposa del expiloto de Morales y exdirector de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, de acuerdo a los datos de la imputación fiscal.

Agresión a la prensa

Al concluir su declaración, el 3 de abril de este año, la extécnica de la UPRE, Lucy Miranda, fue aprehendida en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto con Luis Alejandro Miranda. Ambos fueron imputados por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Mientras eran llevados a celdas policiales, Página Siete consultó a ambos imputados sobre cuál era su versión, pero como lo había hecho antes en la Fiscalía, la abogada Rita Miranda agredió al periodista de este medio y ella misma se negó a responder sobre la postura que tenía su cliente sobre el caso. Horas después de la aprehensión de la exfuncionaria, la abogada presentó un memorial renunciando al patrocinio de la joven y renunció al caso.

El abogado manifestó que el exdirector de la UPRE, Alexis Mercado, es quien debe explicar las razones por las cuales se emitieron invitaciones directas y se adjudicaron los contratos a 14 empresas distintas a las de Aranibar, que no realizaron la pre inversión. Salas dijo que se desconoce la ubicación de Mercado, pero que aún no asumió defensa en este proceso.

Para el jurista, su cliente no cometió ninguna irregularidad, cumplió con lo encomendado por sus superiores, que era la evaluación de los proyectos y deslindó cualquier responsabilidad en la adjudicación de contratos, que era una potestad del exdirector de la UPRE.

El abogado, manifestó que el exdirector de la UPRE, Alexis Mercado, es quien debe explicar las razones por las cuales se emitieron invitaciones directas y se adjudicaron los contratos a 14 empresas distintas a las de Aranibar, que no realizaron la pre inversión. Salas dijo que se desconoce la ubicación de Mercado pero que el mismo aún no asumió defensa en este proceso.

Para el jurista, su cliente no cometió ninguna irregularidad, cumplió con los encomendado por sus superiores, que era la evaluación de los proyectos, y deslindó cualquier responsabilidad en la adjudicación de contratos, que era una potestad del exdirector de la UPRE.