Investigan el tráfico de certificados de estudios para reducir condenas de reos
Una denuncia que es investigada por el Gobierno da cuenta de que varios internos recibieron estos certificados del CEA, pero no pasaron los cursos. Un exinterno reveló que el documento se vende por Bs 3.000.
Verónica Zapana S. / La Paz
El Ministerio de Educación abrió una investigación sobre tráfico de certificados de estudios que se otorgan en el Centro de Educación para Adultos (CEA) del penal de San Pedro, en La Paz, para beneficiar a los privados de libertad con la reducción de sus condenas.
“Hay que investigar eso. Primeramente solicitamos información de la Dirección Departamental de Educación (DDE), instancia que habría entregado esos certificados. Ya luego veremos”, aseguró a Página Siete el ministro de Educación, Édgar Pary.
Un exprivado de libertad, quien prefirió guardar su nombre en reserva y que salió de la cárcel en diciembre pasado, contó que dentro del recinto penitenciario de San Pedro vio muchas irregularidades, una de ellas es la venta de certificados de estudios del Centro de Educación Alternativa con el fin de beneficiar a los sentenciados.
“Ahí se venden los certificados (…). Ahí adentro nos ofrecen los cursos. Nos dicen que participemos y que si pasamos la clase, nos podremos beneficiar con hasta dos años de reducción de nuestra condena. Algunos aceptan”, declaró el exinterno.
Sin embargo, la mayoría no muestra mucho interés. “(Por eso) nos dicen que nos inscribamos aunque no pasemos clases (…) y que luego nos darán el certificado. Eso cuesta hasta 3.000 bolivianos, la mayoría busca ese beneficio fácil”, manifestó el exprivado de libertad.
con la denuncia.
Foto: Denuncia
La semana pasada, en las redes sociales publicaron una denuncia sobre la oferta de estos certificados de estudios dentro de la penitenciaría de San Pedro.
“El Ministerio de Educación (…) estaría involucrado en proveer a los reos de la cárcel de San Pedro certificados de estudios para redención de la pena sin pasar un día de clases”, se lee en la denuncia que se divulgó.
De acuerdo con esa denuncia, en ese recinto penitenciario se ofertan las carreras de “procurador legal de derecho, que no existe legalmente” y de “sastrería” que sí es legal y que también se oferta de forma académica en el CEA del penal. “Tampoco hay ítem de docente”, agrega.
La denuncia detalla que en la cárcel, cada certificado se vende por 2.000 bolivianos. “Hay una tanda de 18 beneficiados con certificaciones falsas porque nunca pasaron clases. Ni hay docentes ni hay autorización de funcionamiento del Ministerio de Educación”, añade el reclamo.
De acuerdo con la acusación, la denuncia fue presentada “al director distrital de Educación, que es dependiente de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Rubén H. C., y a la departamental, Máxima V. M., pero no tomaron las medidas del caso en 2021”.
La denuncia indica que una situación similar ocurre con la carrera de Sastrería, que existe legalmente, “pero el docente desconoce a los 12 beneficiados con certificados de estudio”.
En la denuncia se adjuntan fotografías de al menos 17 certificados de estudios, en la mayoría se observa la posible firma del actual titular de la DDE, Carmelo López.
Respecto a la denuncia, el Ministro de Educación insistió que ya se tomaron las acciones. “Nosotros hemos pedido a la instancia que corresponde, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, que trabaje en la investigación y de ahí (con las respuestas) veremos qué corresponde”, aseguró.
La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cruz, explicó a este medio que ya se solicitó el informe a la DDE, instancia que hará llegar una respuesta a su despacho.
“Estoy reuniendo todos los datos a la departamental; cuando tengamos todo vamos a enviar al ministro y él enviará a Transparencia”, sostuvo.
Cruz aclaró que el CEA sí cuenta con una resolución administrativa desde 2013 y cuenta con Registro Único de Establecimiento (RUE).
Para el funcionamiento de ese CEA y de otros que están en diferentes recintos penitenciarios se cuenta con un convenio internacional firmado entre Educación y el Gobierno desde 2013.
“En Educación Alternativa, brindamos educación a la población diversa; además, tenemos la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión que indica que ellos (los privados de libertad) pueden acceder a esa formación”, explicó la funcionaria.
La viceministra explicó que se conoce que las dos carreras denunciadas “son legales”. Ambas se dictan a nivel “técnico básico”. Indicó que “las autoridades tienen el interés de que se aclare esta denuncia”.
“Ante esa situación, desde el 23 de febrero, nosotros hemos pedido un informe a la Dirección Departamental para verificar el presunto cobro y todos esos aspectos”, declaró Cruz.
De acuerdo con una exautoridad del ministerio, hasta 2019 no existía la carrera de “procurador legal de derecho” y para abrir cualquier carrera se deben cumplir algunos requisitos y designar un docente. “No se sabe aún sí eso se ha cumplido”, agregó.
La exautoridad indicó que para acceder a esos cursos de grado técnico básico, los privados de libertad deben cumplir dos requisitos: “Tener sentencia y haber cumplido por lo menos (la educación de) la primaria”.
El tiempo del curso básico es de un semestre, vale decir de 100 horas de carga horaria de cátedra. Para auxiliar es un año y para técnico medio es dos años.
“Cuando los privados de libertad culminan esos cursos son absueltos del doble de las horas de la capacitación. En este caso, los que recibieron sus títulos tienen la reducción de un año de sentencia”, explicó, un beneficio que se investiga a los que llegó.