Página Siete Buscar… » Ediciones Anteriores INICIO SECCIONES OPINIÓN CAMPEONES SUPLEMENTOS RASCACIELOS DOSSIER 7 SERVICIOS Sectores emplazan a abrogar la «ley madre» y otras 4 normas

Yolanda Mamani Cayo  / La Paz

Después de que el Gobierno anunciara el retiro   del   proyecto de Ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, al menos cinco sectores piden la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, a la que llaman la “ley  madre”. Además, demandan abrogar  un paquete de normas que el Ejecutivo promulgó en los últimos meses.

En tanto, el presidente Luis Arce y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) descartaron  atender la demanda    y sostuvieron  que en el fondo se busca  la “impunidad” de quienes gestaron el “golpe de Estado”.

Entre los sectores que ayer se manifestaron en contra de la “ley madre” y las otras cuatro  leyes están los gremiales a nivel nacional, los comités cívicos, los jubilados,  la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca y empresarios de Cochabamba.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, reiteró que su    sector exige al Gobierno la inmediata abrogación de la Ley 1386, la “ley madre”. Para tal efecto,  el sector dio un plazo de 72 horas al Gobierno a partir del lunes 18.

“Estamos dando un plazo de 72 horas al Gobierno, hasta el próximo jueves, y de no cumplirse, nosotros vamos a estar en las calles el próximo jueves y viernes, con sectores aliados como los comités cívicos del sur”, dijo Figueroa.

Los representantes de los gremiales de todo el país realizaron ayer un ampliado en la ciudad de Cochabamba,  donde analizaron esta problemática,  y no descartaron asumir  otras medidas de presión, como piquetes de huelga de hambre, marchas y bloqueo con cierre de fronteras.

El Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia, mediante un pronunciamiento, exigió ayer al gobierno de Luis Arce no solo la abrogación de la “ley madre”, sino de un paquete de cuatro normas adicionales:  la Ley 1359 de emergencia sanitaria, la  Ley 1387  de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana, la Ley 1390 de Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y la Ley 1398 de Registro de Comercio.

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas del Sistema Integrado de Pensiones, Rodolfo Ayala, informó a Radio Fides que su sector está en estado de emergencia mientras no se abroguen por lo menos cuatro leyes, entre ellas la 1386.

“El Gobierno puede averiguar e investigar actos de terrorismo, contrabando de armas y lo tiene que hacer, pero lo que no puede hacer es meterse en la vida privada de los bolivianos, no puede actuar de forma autoritaria. Se tienen que anular esas leyes que perjudican a todos los bolivianos”, aseguró  Ayala.

El dirigente de la COD de Chuquisaca, Williams Vargas, afirmó que el retiro  del proyecto de Ley 218  solo es un primer paso. Manifestó  que la entidad obrera se encuentra en alerta hasta que el Gobierno deje sin efecto el paquete de normas observadas.

“Hay un cúmulo de leyes que discretamente han puesto, pero que la sociedad no sabe. Nos vamos a mantener en alerta permanente para que queden sin efecto,  para que no sean pretexto de daño o persecución política para quien piensa diferente”, sostuvo  Vargas.

El sector empresarial de Cochabamba expresó su preocupación por la vigencia de la Ley 1386 y otras normas aprobadas de forma reciente.

“Nosotros seguimos alertas, tenemos que pedir al Gobierno que no solo es el proyecto de Ley 218 que se ha retirado, sino el conjunto de leyes que se han aprobado en los últimos meses que realmente afectan a la inversión”, aseguró  su representante Luis Laredo.

En tanto, el presidente Luis Arce dijo que se decidió suspender el proyecto 218 para evitar convulsión,  pero descartó abrogar la Ley 1386 y cualquier otro paquete de normas. Aseguró que detrás de todo ese pedido, con anuncios de movilizaciones, están los que buscan quedar impunes por los sucesos de 2019.

“El objetivo que tiene la derecha golpista, el objetivo que tienen quienes el 2019 arrebataron la democracia al pueblo boliviano (es que) quieren impunidad de sus actos”, aseguró  Arce.

Similar criterio expresaron los legisladores  del MAS. El presidente de Diputados, Freddy Mamani, dijo que ésta es una prueba de intentos para desestabilizar a Arce, y Rolando Cuéllar advirtió con encarcelar a los dirigentes que exigen la abrogación.