Empresarios piden suspender debate de ley antilegitimación
Privados afirman que el proyecto de ley va contra la presunción de inocencia.
Jorge H. Quispe C. / La Paz
El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales”, por ello la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Gobierno ayer la suspensión del tratamiento de la norma y que se abra un espacio de diálogo entre los actores involucrados.
La organización sostiene que la decisión del Gobierno de incorporar disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo va contra “la presunción de inocencia”.
La ley antiganancias “no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, privacidad, secreto profesional, libertad de prensa, protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”, indica el documento.
Por ello, la CEPB pide al Gobierno “la suspensión del tratamiento del proyecto de Ley 218/2020-2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución”, prosigue el comunicado de los empresarios que se reunieron de forma virtual el miércoles.
Desde su aprobación en la Cámara de Diputado, el 17 de septiembre, unos 10 sectores sociales, entre ellos gremiales, empresarios, transportistas, cívicos, activistas, evangélicos, comerciantes minoristas y gremios de la prensa, cuestionaron al menos siete artículos de la norma.
Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, que también depende de la CEPB, su representante, Marcelo Olguín, solicitó la revisión del proyecto.
“Sugerimos que se realice una socialización del proyecto con participación de varios sectores con el fin de reducir los temores que existen respecto a la vulneración de derechos fundamentales garantizados en la Constitución o someterlo a un control de constitucionalidad”, precisó Olguín a Unitel. Los senadores aún deben debatir el proyecto.