“No vamos a permitir que los vándalos sigan destruyendo la ciudad” se escucha a algunos vecinos de barrios acomodados de Cali, el epicentro de las protestas en Colombia y donde las escenas de civiles armados en las calles por donde pasan manifestantes ha hecho saltar todas las alarmas los últimos días. Cali, la ciudad más importante del Pacífico colombiano, se convirtió en una olla exprés en su máximo de ebullición, sitiada por el descontento social, los bloqueos en distintas zonas que se mantienen desde hace 14 días como símbolo del paro nacional, el desabastecimiento de combustible y alimentos o los saqueos y la inseguridad. El toque especial en este caldo lo ha puesto desde el fin de semana pasado la incursión armada de civiles en los puntos donde se concentran quienes protestan por lo que consideran desafortunadas decisiones gubernamentales. La escena más aterradora se vivió este domingo cuando en distintos videos quedó registrado el uso de armas automáticas y de largo alcance por parte de supuestos habitantes de una de las zonas más exclusivas del sur de la ciudad contra la minga (marcha) indígena. El domingo, varias “chivas” (autobuses típicos de pasajeros en la zonas de montaña de Colombia) cargadas de indígenas y escoltadas por la guardia indígena fueron atacadas a balazos “por una turba uribista en conjunto con fuerza pública”, como denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en la zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad, y al menos ocho indígenas resultaron heridos. Hubo incluso periodistas que quedaron en medio del fuego y fueron amenazados “por ser guerrilleros”. La Policía Metropolitana de Cali, sin embargo, acusó a los indígenas de estar saqueando casas y bloques de apartamentos, y de lesionar a cuatro personas con armas cortopuzantes, por lo que, aseguraron, tuvieron que acudir en “llamado de auxilio de la comunidad del sector”. Quienes salieron en defensa de los civiles armados justamente alegan que estas personas se intentan proteger de los bloqueos y de saqueos que supuestamente están realizando comunidades indígenas provenientes del vecino departamento del Cauca, donde campean los grupos armados ilegales, la proliferación de cultivos ilícitos y un conflicto armado que solo dio tregua en el primer año de implementado el acuerdo de paz de 2016. La “mafia de camisas blancas” Efectivamente, en algunas de las zonas donde viven las familias más privilegiadas de la tercera ciudad más importante de Colombia, los vecinos cuentan que hay asambleas para organizar “redes de seguridad civil”. “No vamos a permitir que los vándalos sigan destruyendo nuestro patrimonio”, dice un hombre que prefiere mantener el anonimato y que revela que entre sus dotaciones hay una subametralladora uzi. En las unidades residenciales ahora se convoca para la organización de lo que algunos consideran grupos paramilitares como si se tratara de una reunión para una fiesta infantil. Los aportes son pistolas, revólveres y fusiles. El servicio incluye patrullaje a las calles de las barriadas. El temor a las autodefensas está enquistado en el corazón de los colombianos que durante más de 20 años sufrieron casi dos mil masacres en todo el territorio nacional que dejaron unas doce mil víctimas, según las autoridades. El director del área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jerónimo Castillo, desde su lejanía en la capital del país, dice que aún es prematuro hablar de consolidación de nuevos grupos paramilitares. Nuevos fallecidos Víctimas Dos hombres murieron después de pasar varios días en estado crítico a causa de las heridas que sufrieron durante las manifestaciones contra el gobierno que estallaron en Colombia el 28 de abril, según informaron autoridades este martes. Universitario Lucas Villa, un universitario de 37 años recibió varios disparos en una marcha que transcurría pacíficamente en la ciudad de Pereira (centro) el 5 de mayo. Bogotá El segundo caso ocurrió el 1 de mayo en Bogotá. Alejandro Zapata, de 20 años, fue herido de gravedad durante una manifestación ese día en el sur de la ciudad.

El informe que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019, intenta borrar al menos 10 hechos ocurridos en torno a esos acontecimientos.

“Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, titula el reporte difundido a fines de abril por la PGE.

En los “antecedentes previos a considerar” se expone un balance de la política social y económica de los 14 años de presidencia de Evo Morales, se cita además que en el tiempo que gobernó Bolivia, hubo 15 procesos electorales y en la mayoría el MAS “obtuvo victorias importantes”.

El primer hecho que intenta borrar el informe de la PGE es el Referendo Constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F), en el que más del 50% rechazó la reelección indefinida.

Pese a ello, en 2017, el MAS interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional en busca de que declare la “inaplicabilidad” de los artículos  156, 168, 285.II y 288 de la Constitución Política del Estado (CPE),  sobre la limitación de la reelección,  que a su juicio restringen  el derecho a ser elegido. En noviembre de ese año, los entonces magistrados dieron vía libre a la reelección indefinida, la cual habilitó a Morales para ser candidato.

En defensa del resultado de ese referendo es que nacieron las plataformas ciudadanas que se movilizaron  desde entonces.

El segundo hecho que intenta borrar el informe del PGE es el levantamiento popular de las llamadas “pititas” tras las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019. Fue Morales quien acuñó el denominativo que asumió ese movimiento, después  de que el 24 de octubre de 2019 el entonces presidente ironizara acerca de  esa protesta pacífica que denunciaba fraude electoral, sobre la cual dijo que “con pititas” y “con llantitas” pretenden perjudicar el país. El 10 de noviembre  renunció.

El tercer hecho que intenta borrar el informe de la PGE son los resultados finales de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos, que en diciembre de 2019 concluyó que en los comicios del 20 de octubre de ese año hubo “manipulación dolosa” en los ámbitos de las actas y en el procesamiento de los resultados.

El reporte de la auditoría menciona que   la  paralización del TREP fue “intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos”; que se introdujeron  los    servidores BO1 y BO20, no previstos en la infraestructura tecnológica, a los cuales se desvió de “manera intencional el flujo” de información del TREP; y que  a solicitud de los entonces  vocales y de un individuo presentado como “asesor” de los  mismos  se configuró un servidor en una red Amazon ajeno al TREP, entre otros hallazgos.

El cuarto hecho que intenta borrar el informe de la PGE son los casos Montero (donde murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala), Huayculi (donde falleció Limbert Guzmán tras sufrir graves golpes en la cabeza) y Vila Vila (donde una delegación de Sucre y Potosí sufrió una emboscada, por la cual resultaron 37 heridos y, además, hubo más de 10 de rehenes).

El quinto suceso que intenta borrar el informe de la PGE es que después de la renuncia de Morales, la noche del 10 de noviembre quemaron 64  PumaKatari y   casas del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín,  y de la periodista Casimira Lema, entre otras.

El sexto hecho que intenta borrar el informe de la PGE es que en la ciudad de El Alto —en los días del vacío de poder— se desató una ola de violencia, puesto que saquearon, quemaron y destruyeron por lo menos ocho unidades policiales.

Tampoco se menciona que la noche del 19 de noviembre de 2019 dinamitaron la pasarela de Senkata para impedir el paso de los cisternas con combustible a La Paz y que los movilizados tumbaron los muros de la planta de YPFB con explosivos y con sus propias manos, según informes del IDIF, Amnistía Internacional y  las FFAA.

El séptimo hecho que intenta borrar el informe de la Procuraduría es que el Gobierno de México  concedió asilo a Morales, envió un avión a recogerlo del aeropuerto de Chimoré y fueron las representantes del MAS quienes pidieron garantizar su salida de Bolivia. Según la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el 11 de noviembre de 2019 en la mesa de diálogo, la primera demanda de las representantes del MAS fue garantizar la salida de Morales.

“A petición de la senadora Adriana Salvatierra, el día 11 no se pudo tratar ningún tema, salvo la salida segura del país del expresidente Evo Morales hacia México, para lo que solicitó que se comunicase esta petición a las autoridades militares, servicio que realizó el expresidente Tuto Quiroga, no como una autoridad que da una orden, sino como servidor que comunicaba la petición del MAS a las autoridades, para facilitar así la salida en paz del expresidente Evo Morales”, indicó la CEB.

El informe de la PGE dice que Quiroga “sin ninguna competencia instruyó a los militares” el despegue del avión.

El octavo hecho que intenta borrar el informe de la PGE es la investigación que instruyó la Fiscalía en noviembre de 2019 en torno al audio en el que se escucha a una voz, atribuida a Morales, instruir al dirigente Faustino Yucra un cerco a las ciudades: “Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a hacer un cerco de verdad”. Un informe pericial, realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, concluyó que hay una “alta probabilidad” de que la voz del registro sea de Morales.

El noveno hecho que intenta borrar el informe de la PGE son los esfuerzos de la Iglesia Católica y la Unión Europea (UE) para lograr la pacificación del país con participación del MAS y de actores de oposición.

El documento, en el punto 33 señala que “el golpe de Estado” fue “organizado, planificado y ejecutado” por los cívicos, policías, militares “y la Iglesia Católica”, aunque en el punto 48 señala que la Iglesia fue “facilitadora” del diálogo junto con  la UE y la Embajada de España, y en las conclusiones ni la menciona.

El décimo hecho que intenta borrar el informe de la PGE es la detención de la expresidenta Jeanine Añez, el 13 de marzo, en el marco del supuesto caso “golpe de Estado”, que se ventila   por la vía  ordinaria, cuando a Añez, por ser expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades.

Puntos del  informe de la  PGE 

• Conclusión     El informe de la    Procuraduría General del Estado (PGE) concluye lo siguiente:  “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.
• Plan  “El golpe de Estado fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia Católica”, se lee en el documento.
• Quema   La Procuraduría indica en su reporte que los comités cívicos supuestamente se arrogaron la representación de los departamentos y denunciaron un presunto fraude, y quemaron los tribunales electorales departamentales.
• Pedido   En el informe se indica que el 10 de noviembre de 2019, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana pidieron públicamente la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
• Objetivo   La     Procuraduría General del Estado  señala que el motín de la Policía tenía presuntamente dos motivos: presionar para que Evo Morales renuncie e impedir la sucesión constitucional.