Incineración de madera retenida en Chile deja pérdidas de hasta $us 15 millones a empresas bolivianas
Pedro Colanzi, representante del sector forestal, cuestionó la destrucción de las cargas retenidas en Arica por el caso de supuestas ‘narcomaderas’ y advirtió que el impacto económico alcanza a toda la cadena productiva. La Cámara Forestal pide preservar la madera para nuevas pericias.
La incineración de parte de la madera boliviana retenida en Chile por el caso de supuestas ‘narcomaderas’, genera nuevas críticas del sector forestal y pone en el centro de la controversia el impacto económico sobre las empresas exportadoras. Y abre la puerta a conflicto diplomático.
“Se está quemando el esfuerzo de miles y miles de trabajadores bolivianos”, afirmó durante una conferencia de prensa en la que cuestionó la destrucción de la madera.
“El precio que se le puede poner a la reputación del sector no se puede medir”, señaló.Seis contenedores ya fueron incinerados
La destrucción de la madera comenzó el 3 de septiembre, cuando fue incinerado un primer contenedor en Arica.
La secuencia adquirió mayor relevancia después de que la Fiscalía Regional de Arica solicitara el 21 de septiembre suspender nuevos procesos de destrucción, mientras se atendían diligencias relacionadas con las cargas incautadas.
Este miércoles, una comisión investigadora del Senado boliviano que se encuentra en Chile denunció que observó nuevamente movimiento de madera hacia la zona de incineración.
“Estaba la comisión del Senado que investiga el tema de las maderas y se procedió a quemar”, afirmó.
El sector cuestiona los resultados
La disputa económica está vinculada directamente con la controversia sobre los análisis realizados a la madera.
“Han pasado cuatro meses y no han demostrado cómo se introdujo la sustancia ilícita en la madera y, peor, cómo se la puede extraer de la madera”, manifestó.
El representante forestal afirmó que los análisis conocidos hasta ahora identificaron trazas de diferentes sustancias, pero sostuvo que ello no demuestra que la madera haya sido deliberadamente impregnada con droga.
La Fiscalía chilena mantiene una posición diferente y sostiene que los análisis realizados durante la investigación confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en las cargas.
Informes contratados por las empresas
Las empresas investigadas contrataron a expertos con experiencia en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para revisar los antecedentes científicos del caso.
Según la posición expuesta por el sector forestal, esos informes cuestionan que los resultados obtenidos permitan demostrar una impregnación deliberada de droga en madera dura.
Se trata, sin embargo, de peritajes contratados por las empresas investigadas, por lo que sus conclusiones forman parte de la controversia y no sustituyen los análisis oficiales de las autoridades chilenas.
Uno de los principales cuestionamientos del sector es que la destrucción de los cargamentos limita la posibilidad de realizar nuevos análisis independientes.
“Están quemando la evidencia que liberaba al sector forestal de este caso”, sostuvo Colanzi.
La Cámara Forestal de Bolivia también ha pedido que las cargas sean preservadas para permitir nuevas pericias y determinar con precisión la naturaleza, concentración y origen de las sustancias detectadas.
Advierten un precedente para otros sectores
Colanzi considera que las consecuencias del caso pueden trascender a las 23 empresas vinculadas a la investigación.
Calificó la situación como un “precedente funesto” para el comercio exterior boliviano y advirtió que otros sectores podrían enfrentar dificultades similares al utilizar puertos chilenos.
“Ahora es el sector forestal; después puede ser el sector soyero, los mineros, el sector de carnes o cualquier otro sector que exporta por los puertos de Arica”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la afectación también alcanza a trabajadores que dependen de la actividad forestal y a las empresas que forman parte de la cadena productiva.
Según sus declaraciones, el sector habría dejado de generar alrededor de $us 35 millones como consecuencia de la crisis. Esta cifra corresponde a una estimación presentada por Colanzi durante la conferencia y deberá ser contrastada con información sectorial antes de presentarse como un dato consolidado.
“Se ha quemado el esfuerzo de miles de trabajadores del sector forestal en Bolivia”, insistió.
Piden respuesta al Gobierno
El sector forestal reclama al Gobierno boliviano una respuesta ante las autoridades chilenas y acciones para proteger a las empresas exportadoras involucradas en el caso.
Colanzi sostuvo que Bolivia debe defender los intereses de sus exportadores y buscar mecanismos que permitan preservar las pruebas mientras existan controversias sobre los resultados de los análisis.
“Exigimos al Estado boliviano que tome acciones decididas para frenar este abuso”, afirmó.
Mientras la Fiscalía chilena mantiene abierta la investigación, el sector forestal boliviano sostiene que la destrucción de las cargas dificulta la posibilidad de realizar nuevas pericias.
La comisión del Senado boliviano que se encuentra en Chile deberá recabar información sobre las incautaciones, los análisis realizados y los procedimientos aplicados para la destrucción de la madera antes de emitir sus conclusiones.