Fiscal vetado por EEUU recibió cadena de oro y fue cuestionado por la AJAM por minería ilegal
El fiscal general del Estado, Roger Rider Mariaca Montenegro, designado en octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa Plurinacional con respaldo mayoritario del MAS, fue incluido por Estados Unidos en una lista de personas vetadas bajo la sección 7031 (c), en medio de señalamientos que apuntan a presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y corrupción.
De acuerdo con la información del Departamento de Estado, Mariaca habría sido señalado por “haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y favorecer a delincuentes violentos”, lo que motivó la restricción de su visa. Ante esta decisión, el Gobierno anunció que solicitará oficialmente a Washington información complementaria y los elementos probatorios que respaldan la determinación.
Las observaciones en torno a su gestión no se limitan al ámbito internacional. A menos de un mes de asumir el cargo, el Fiscal General sostuvo una reunión el 8 de noviembre de 2024 con la dirigencia de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), donde recibió como obsequio una cadena de oro, según registros difundidos por la propia organización y material audiovisual del encuentro.
En la publicación institucional de Ferreco se detalla que “bajo el liderazgo del presidente de Ferreco R.L., Eloy Sirpa, y con la participación de todo su directorio, se llevó a cabo una reunión protocolar con el Fiscal General del Estado, Roger Rider Mariaca… en este encuentro, se expresó el respaldo a la nueva gestión del Fiscal General”.
El hecho reabrió el debate sobre la normativa vigente en el país. El artículo 147 del Código Penal, modificado por la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, establece sanciones para servidores públicos que, en razón de su cargo, acepten regalos suntuosos o beneficios. A su vez, el Estatuto del Funcionario Público prohíbe recibir obsequios o ventajas que puedan comprometer la imparcialidad del ejercicio público.
En paralelo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ya había cuestionado el accionar del Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal. Su director, Jaime Sanabria, advirtió en mayo que “la minería ilegal ha penetrado a altas estructuras del poder” y sostuvo que el problema no solo afecta al Estado, sino que también compromete la labor institucional en la persecución del delito.
Sanabria afirmó además que existen deficiencias en la actuación fiscal frente a estos casos, señalando falta de acompañamiento en operativos y demoras en la investigación de denuncias vinculadas a minería ilegal, lo que —según dijo— impide que los procesos penales lleguen a sanción.