La Justicia argentina ha emitido órdenes de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Buenos Aires, bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, sin importar dónde fueron cometidos.
El tribunal destacó la gravedad de las acusaciones, que incluyen secuestros, torturas y asesinatos perpetrados bajo el régimen de Maduro. Se argumenta que estas violaciones no son incidentes aislados, sino parte de un plan sistemático diseñado desde las más altas esferas del poder venezolano.
Las pruebas, según la resolución, incluyen testimonios de víctimas que han buscado refugio en Argentina y han detallado sus experiencias ante la justicia argentina. Estos relatos coinciden con informes de organizaciones internacionales que denuncian la represión en Venezuela.
La investigación en Argentina ha avanzado gracias a denuncias presentadas por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación de George Clooney.
Las acusaciones se basan en hechos que han sido documentados por la Corte Penal Internacional (CPI), la cual también investiga a Maduro desde 2018. No obstante, las víctimas argumentan que la CPI no está investigando todos los casos, lo que motivó la intervención del fiscal argentino Carlos Stornelli para llevar adelante el proceso en Argentina.
El fallo judicial establece que, dado el riesgo de que estas violaciones continúen, es necesario proceder a la captura de Maduro y Cabello sin dilación. La orden se ha emitido con fines de extradición, y se ha solicitado la colaboración de Interpol para su cumplimiento.
El fallo también menciona que se continuará investigando a otros funcionarios del régimen venezolano involucrados en estas acciones.
Esta decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre Argentina y Venezuela. En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela respondió a la orden argentina con acusaciones contra altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación con el decomiso de un avión iraní-venezolano en 2022.
Esta orden de captura es vista como un hito en la justicia internacional, especialmente por el alcance que ha tomado la jurisdicción universal en Argentina, donde ya se han investigado y procesado otros crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de sus fronteras.